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Está obligada una Entidad Urbanística de Conservación a pagar el coste de suministro del alumbrado público?

¿Está obligada una Entidad Urbanística de Conservación a pagar el coste del suministro de alumbrado público?

 La cuestión de a quién corresponden los gastos de suministro del alumbrado público, si a la Entidad Urbanística de Conservación o al Ayuntamiento, siendo éste un servicio municipal de obligada prestación por el Ayuntamiento, es cuestión controvertida que da lugar a no pocas discusiones en el seno de las EUC.

 

Para encontrar respuesta a esta cuestión, traemos a colación la sentencia del TS, Sala de lo Contencioso, de 04/02/2004, Rec 75/2002. Es una sentencia con cierta antigüedad, si bien al tratarse de una sentencia dictada en unificación de doctrina tiene un indudable interés para arrojar luz sobre el debate que planteamos.

 

En esta sentencia, la Sala considera procedente apartarse del criterio seguido en la STS de e abril de 1990 y confirmar el mantenido por el Tribunal de instancia que había declarado que la Corporación recurrente, y no la Entidad Urbanística de Conservación de la Urbanización debía hacerse cargo del coste de consumo de la energía eléctrica necesaria para la prestación del servicio de alumbrado público en dicha urbanización.

 

Y ello en consideración a que ni en la sentencia citada de contraste ni en la que es objeto de este recurso, los estatutos de las respectivas entidades urbanísticas colaboradoras de conservación contenían una específica asunción de la obligación de hacerse cargo del coste de la energía eléctrica utilizada por el alumbrado de los viales de la urbanización, sino que la obligación se definía, en los mismos términos que se expresa el art. 67 RGU, aludiendo a la conservación y mantenimiento de las obras de urbanización, dotaciones e instalaciones de los servicios públicos.

 

De esta redacción no resulta que la entidad de conservación recurrente en la instancia asumiera la obligación de conservar y mantener a su coste el servicio público de alumbrado dentro de su ámbito de actuación, sino las dotaciones e instalaciones de ese servicio público, dentro de cuyo concepto se incluye la infraestructura necesaria para la prestación de ese servicio pero no el coste de la energía consumida en su normal funcionamiento.

 

En el fundamento tercero de la sentencia, la Sala se basa en el artículo 26 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local de 2 de abril de 1985 (LRBRL) que declara que el alumbrado es un servicio de prestación obligatoria para los Ayuntamientos; ello implica "que efectivamente se dote de los servicios de alumbrado público... a los núcleos urbanos y urbanizaciones sea cual sea el origen de los mismos: actividad de ejecución directa de la Administración, o a través de la  iniciativa privada, en cuyo supuesto la Administración puede condicionar el establecimiento del núcleo de población a que por los promotores y propietarios se atienda a estos servicios sin perjuicio de la titularidad municipal."

 

La Sala de instancia estima que el diferenciar entre el mantenimiento del servicio y de sus instalaciones y el consumo que se efectúa a través de ese servicio es lo "mas acorde con la doctrina tributaria que establece en el artículo 213 del Texto refundido 781/1986, de 18 de abril, la prohibición de exigir tasas por la prestación del servicio de alumbrado público, prohibición reiterada en el artículo 21 de la Ley de Haciendas Locales de 28 de diciembre de 1988, e igualmente para los precios públicos en el artículo 42 de esta norma, evitando así una discriminación entre los ciudadanos que habitan en el ámbito de estas entidades urbanísticas y el resto de los servicios del municipio que recibirían estos servicios de forma gratuita.

 

Sin embargo, la Sala matiza que eso será así siempre que los estatutos de las respectivas entidades urbanísticas colaboradoras de conservación no contengan una específica asunción de la obligación de hacerse cargo del coste de la energía eléctrica utilizada por el alumbrado de los viales de la urbanización. Si la obligación se define en los mismos términos que se expresa el artículo 67 del Reglamente de Gestión Urbanística, aludiendo a la conservación y mantenimiento de las obras de urbanización, dotaciones e instalaciones de los servicios públicos, no resultará que la entidad de conservación haya asumido la obligación de conservar y mantener a su coste el servicio público de alumbrado dentro de su ámbito de actuación, sino las dotaciones e instalaciones de ese servicio público, dentro de cuyo concepto se incluye la infraestructura necesaria para la prestación de ese servicio pero no el coste de la energía consumida en su normal funcionamiento.